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viernes, 9 de enero de 2015

¿AGUANTARÁ EL MUTALISMO DE FUNCIONARIOS OTROS 40 AÑOS?... ¿Y CINCO…..?

(publicado en Sanifax 9 de enero 2015)

Nuevo lunes, nuevo mes, nuevo año… todo nuevo. Vamos a ver que nos depara el 2015 lleno de emociones en lo político propias de una montaña rusa… elecciones municipales, autonómicas, generales… Centrándonos en lo sanitario, muchos cambios en la sanidad madrileña y la nacional con nombramientos de nuevos responsables.

Me quiero centrar en esta tribuna en poner el acento en las mutuas de funcionarios, es decir: MUFACE, ISFAS y MUGEJU, las cuales se mantienen en una situación crítica desde hace mucho tiempo. Hemos leído titulares en todo tipo de prensa, no sólo sanitaria, como “Los funcionarios de Muface dejarán de poder ir a los mejores hospitales”, o “CSI-F asegura que Muface está en quiebra técnica, pero Hacienda niega problemas de liquidez o tesorería”, “los funcionarios sufrirán recortes en su cobertura médica a partir de 2015”. Un presupuesto congelado en 2014 y un incremento pequeño incremento presuestario para el 2015 han sido los detonantes. Las compañías aseguradoras, así como varios grupos hospitalarios han tomado la decisión de no prestar ciertos servicios a los funcionarios por tener que fijar unos precios que, según ellos, no les permite mantener el mismo nivel de servicio. En algunos casos como DKV han optado por introducir el copago voluntario con numerosas ventajas para el funcionario.

En los próximos días, y durante el mes de enero, los funcionarios deben decidir si quieren ser atendidos en el sistema público o en el privado, y si es así en que compañía. Hasta ahora, el 80% había optado por el sistema privado, pero tal vez estos anuncios y cambios en la prestación produzcan un vuelco hacia lo público. La pregunta es si el sistema público puede asumir la demanda asistencial añadida que se le generaría. Habrá que estar a la expectativa. Me reservo por ahora mi opinión porque el tema da para otra tribuna y aún más para una tesis.

Desde mi punto de vista este es un buen modelo, basado en una visión integrada de los recursos sanitarios del país, donde se permite al ciudadano elegir libremente prestador, y aplicándose el principio de separación de financiación, aseguramiento y provisión de servicios, donde las Instituciones Públicas son garantes del servicio y ejecutoras de la prestación del mismo, pero no prestadoras.

Es un modelo muy asentado con casi 40 años de existencia (este año que comienza se cumple 39 años del Decreto 843/1976, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo), y está basado fundamentalmente en un sistema de colaboración público-privada que ha venido funcionando tan bien que la amplia mayoría de los funcionarios has optado por la asistencia privada. Y además lo hace, según algunos estudios realizados, a unos cotes per cápita inferiores entre el 20% y el 30% inferior al gasto sanitario en prestación pública. Asisa cifraba esta diferencia en el entorno del 40%

Pero no parece que estos datos sean suficientes para mimar a un modelo de prestación sanitaria que bien podría estudiarse su aplicación a otros colectivos, sino que se le viene asfixiando vía precio cápita a las aseguradoras, hasta tal punto que la mayoría opta por renunciar a este mercado por ser, ya no poco rentable, sino de alto riesgo.

Otro problema del modelo es que los colectivos cada vez es más reducido y cada vez está más envejecido. Según datos publicado en el mes de diciembre del año que amamos de cerrar, el número de empleados públicos se situó en julio de 2014 era de 2.522.631, 25.000 menos que el año anterior. Aunque es cierto que, como señalan los responsables de Asisa, se incrementan las tasas de reposición en algunos ámbitos como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


En definitiva, pocas compañías que jueguen la partida, reducción del colectivo, envejecimiento e incremento de la morbilidad, estrangulamiento financiero a pesar de lo positivo del ligero incremento de este año, ponen muy complicada la viabilidad de este modelo en el medio plazo. Quizás la puntilla ya se le haya dado este año: el pueblo decide. Veremos que deciden los funcionarios en las próximas semanas, porque aquí la participación ciudadana, tan de moda ahora, mediante decisiones individuales y personales para decir que hacer con el dinero que le corresponde para su sanidad es un ejemplo a seguir. Y hablamos de un colectivo que me cuesta creer que tire “piedras contra su propio tejado”, por lo que estoy seguro que seguirán defendiendo la sanidad pública como hasta ahora.


Antonio Burgueño Jerez